El SMI en España deja obsoletos al 45% de los convenios colectivos: ¿qué implica para trabajadores y empresas?

Desde 2018, España ha experimentado un incremento sostenido del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha pasado de 735 euros mensuales en 14 pagas a los actuales 1.221 euros, un aumento acumulado del 66%. Esta política, impulsada por el Gobierno para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables, ha tenido un efecto colateral significativo: ha dejado desactualizados al 45% de los convenios colectivos vigentes.

Los convenios colectivos son acuerdos entre sindicatos y empresas que fijan las condiciones laborales de un sector o empresa, incluyendo los salarios mínimos para cada categoría profesional. Sin embargo, al subir el SMI por encima de lo pactado en muchos de estos convenios, estos pierden su función reguladora. En la práctica, el SMI se convierte en el salario de referencia, dejando sin efecto las tablas salariales negociadas.

Esta situación genera varias consecuencias. Para los trabajadores, supone una garantía de que ningún salario esté por debajo del mínimo legal, pero también puede desincentivar la negociación colectiva y reducir la capacidad de los sindicatos para mejorar condiciones específicas de cada sector. Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, el incremento del SMI puede suponer un aumento de costes laborales no previsto, afectando a su competitividad y, en algunos casos, al empleo.

Además, la obsolescencia de los convenios colectivos puede generar conflictos legales y de interpretación, ya que muchas cláusulas vinculadas a los salarios (como complementos, pluses o antigüedad) quedan desajustadas. Los expertos señalan la necesidad de actualizar los convenios para adaptarlos a la nueva realidad salarial, pero el ritmo de negociación es lento.

En resumen, la subida del SMI ha sido una herramienta eficaz para reducir la pobreza laboral, pero su impacto sobre la negociación colectiva requiere un análisis cuidadoso y posibles ajustes en la política laboral para mantener el equilibrio entre protección social y flexibilidad empresarial.